Y si el gobierno estatal, los municipios y los sectores sociales cuentan con información científica y territorial para reconocer los escenarios, riesgos y efectos diferenciados del cambio climático;

y si identifican las condiciones de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las regiones, los ecosistemas y los distintos grupos de población;

y si las comunidades y los pueblos originarios participan en la definición de prioridades, incorporando sus conocimientos, necesidades y formas de relación con el territorio;

y si las instituciones coordinan políticas, presupuestos y acciones para la adaptación, la mitigación, la gestión del riesgo y la restauración de los ecosistemas;

y si se establecen mecanismos para monitorear, evaluar y actualizar la política climática;

entonces será posible reducir la vulnerabilidad de la población, anticipar los riesgos hidrometeorológicos, fortalecer la capacidad adaptativa de los territorios, conservar los ecosistemas estratégicos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero;

para avanzar hacia un Chiapas resiliente, bajo en emisiones y con justicia climática, donde las decisiones públicas y comunitarias reconozcan la diversidad territorial, cultural y ambiental del estado.